1974. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se convierte en el primero (y en el único, por el momento) de la historia norteamericana en renunciar a su cargo. Dos inquietos periodistas desvelan las chapuzas que cometió durante su mandato y la justicia comienza una investigación que le obligada a dimitir. ¿Sería esto posible hoy en día, en noviembre del 2006?
Los patrones han cambiado. La concentración de las empresas de comunicación, la multiplicación de las ruedas de prensa y los gabinetes institucionales y la propia apatía profesional de algunos periodistas y medios, son algunas de las razones que impedirían que ahora saliese a la luz un nuevo Watergate.
Más se complica la situación si nos trasladamos a España. En primer lugar, en este país no existe tradición de periodismo de investigación. No hay presupuesto, ni tiempo, ni espacio para este tipo de periodismo. Aquí, lo que abunda son las filtraciones, que se enmascaran bajo grandes titulares que rezan “Periodismo de investigación”. Otro impedimento es la legislación española que amparada en un paternalismo excesivo sobreprotege el derecho al honor y a la intimidad, en detrimento del derecho a la información. Así, el acceso a documentos públicos a los que Woodward y Bernstein pudieron llegar sin prácticamente ningún problema, aquí resulta imposible. Y si finalmente, un reportaje como el del Watergate se llegara a escribir en España (véase caso GAL), seguro, segurísimo, el resultado final no sería la dimisión del presidente porque aquí, los políticos, de morro van muy sobrados.
Los patrones han cambiado. La concentración de las empresas de comunicación, la multiplicación de las ruedas de prensa y los gabinetes institucionales y la propia apatía profesional de algunos periodistas y medios, son algunas de las razones que impedirían que ahora saliese a la luz un nuevo Watergate.
Más se complica la situación si nos trasladamos a España. En primer lugar, en este país no existe tradición de periodismo de investigación. No hay presupuesto, ni tiempo, ni espacio para este tipo de periodismo. Aquí, lo que abunda son las filtraciones, que se enmascaran bajo grandes titulares que rezan “Periodismo de investigación”. Otro impedimento es la legislación española que amparada en un paternalismo excesivo sobreprotege el derecho al honor y a la intimidad, en detrimento del derecho a la información. Así, el acceso a documentos públicos a los que Woodward y Bernstein pudieron llegar sin prácticamente ningún problema, aquí resulta imposible. Y si finalmente, un reportaje como el del Watergate se llegara a escribir en España (véase caso GAL), seguro, segurísimo, el resultado final no sería la dimisión del presidente porque aquí, los políticos, de morro van muy sobrados.